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Fueron quince años de educación, once de ellos cursados en Puerto Rico y seis financiados en parte por el gobierno puertorriqueño.

A los 33 abrió su consultorio en Santa Isabel, un pueblo en la costa sur de la isla, a una hora de San Juan y a pocos minutos de Coamo, donde se crió. Su sala de espera está llena de gente que no cuenta con recursos para viajar a otros pueblos para sus quimioterapias.

“Esta mañana me llamó un paciente que no podía venir al tratamiento porque no tenía dinero para la gasolina”, cuenta Matos, sentado en su oficina una tarde de agosto. “En Puerto Rico hay mucha necesidad”. A Matos le llueven ofertas de trabajo desde Estados Unidos. Llegan cada semana. A todas responde que no, que no se va: “Yo estudié para tratar a mi gente”.

La disparidad en fondos de salud podría dejar sin cobertura médica a más de medio millón de puertorriqueños, según la Casa Blanca.

Pero quedarse se hace cada vez más difícil. Los médicos en Puerto Rico lidian con un sistema de salud que desincentiva la permanencia en la isla, que es territorio de Estados Unidos desde 1898. Por décadas, el gobierno estadounidense ha enviado a Puerto Rico menos dinero que a cada uno de los 50 estados para costear los programas de salud que benefician a ancianos, discapacitados y personas al borde de la pobreza.

La falta de fondos es una constante que define al sistema público de salud, del que dependen los servicios médicos de más del 60% de la población. Doctores que ganan muy poco se van a Estados Unidos. Aseguradoras que buscan ser eficientes en materia de costos reducen sus redes de cobertura y despiden a especialistas sin justificación. Pacientes sin recursos escogen entre ir al médico o comprar los víveres de la semana. Hospitales rurales cierran o se alían para sobrevivir.

La Casa Blanca admite que la disparidad en fondos federales de salud enviados a Puerto Rico podría dejar sin cobertura médica a más de medio millón de personas en los próximos años, además de agravar la deuda interna. “A los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico se les ofrecen menos beneficios, y el gobierno federal contribuye menos per cápita en Puerto Rico que en el resto de la nación”, señala la administración Obama en un exhorto enviado en octubre al Congreso, pidiendo ayuda para la isla.

La aspirante a la presidencia Hillary Clinton describió recientemente los millones de dólares que nunca llegaron a la isla como “un ejemplo perturbador” del trato “inconsistente e incoherente” que recibe Puerto Rico de parte del gobierno estadounidense. La falta de fondos, dijo Clinton, contribuye al declive económico en Puerto Rico, que carga con una deuda pública de 72,000 millones de dólares tras una década de recesión económica.

Ante la evidencia de la crisis, muchos puertorriqueños han huido. El éxodo reciente ha sido histórico. Más personas salieron de Puerto Rico entre 2010 y 2013 que las que lo hicieron en la década entera de los 90s, y han salido en cifras tales que actualmente viven más puertorriqueños en Estados Unidos (4.9 millones) que en la isla (3.5 millones).

Muchos de los 84,000 boricuas que en 2014 partieron hacia alguno de los 50 estados de la Unión son jóvenes, profesionales, universitarios, padres potenciales.

Y los que quedan atrás son, cada vez más, personas mayores de 65 años cuya expectativa de vida depende de doctores como Matos, de su decisión de no emigrar y de los fondos que el gobierno invierte en ayudarlos a sobrevivir.

Amparo Camacho, beneficiaria de Medicare, (der.) en la sala de espera del consultorio de Matos.

Se acaban los fondos de Medicaid.

Más de dos millones de personas en Puerto Rico dependen del Medicare y el Medicaid, dos programas federales creados en 1965 para costear los gastos de salud a las poblaciones más necesitadas de Estados Unidos. Cerca de 1.6 millones de puertorriqueños al borde de la pobreza usan Medicaid, y unos 700,000 puertorriqueños ancianos o discapacitados usan Medicare. De estos últimos, la mayoría se han acogido a Medicare Advantage, que les paga a compañías privadas por ofrecerles una cobertura médica más competitiva.

Pero médicos como Matos, que asisten a estos millones de pacientes en Puerto Rico, reciben menos por hacerlo de lo que reciben sus colegas en Estados Unidos por el mismo servicio. Es por eso que miles de ellos también han empacado maletas. Casi 5,000 han dejado la isla en la última década, y se estima que unos 500 más podrían mudarse antes de que termine 2015. La mayoría parte hacia Estados Unidos, donde tienen la posibilidad de ganar más.

En promedio, un doctor recibiría en Puerto Rico unos 505 dólares mensuales por cada paciente que se comprometa a asistir en una red de Medicare Advantage, una cifra que se ajustaría por factores de riesgo entre los pacientes en esa red y con la que se deben cubrir todos los servicios prestados. El mismo doctor recibiría dos tercios más (847 dólares) cada mes si atendiera al mismo paciente en Mississippi, el estado más pobre de Estados Unidos.

La disparidad es similar en el programa Medicaid, que divide entre los gobiernos estatales y el gobierno federal los gastos médicos de las personas que están cerca del nivel de pobreza. El porcentaje que paga el gobierno federal (conocido como el FMAP) es calculado de tal manera que les paga más a los estados pobres y menos a los ricos. Pero estos cálculos no aplican para Puerto Rico.

Aunque la tasa de pobreza de la isla es mayor que la de cualquier estado, y casi duplica la de Mississippi, el gobierno federal solo cubre en Puerto Rico una tarifa fija de 55% de los gastos en Medicaid, mientras que la misma tarifa en Mississippi es de 74%. Si la isla fuese tratada como un estado, a sus habitantes se les pagaría un 83% de los gastos de Medicaid, el máximo que puede recibir un territorio o estado, según el Center on Budget and Policy Priorities.

La disparidad más reciente en relación con el Medicaid, y la que más preocupa a los puertorriqueños, llegó con la reforma sanitaria conocida como Obamacare. Por ser un territorio, la isla no recibe los subsidios que Obamacare da a los estadounidenses más pobres por inscribirse en seguros médicos, subsidios que le ahorrarán miles de millones de dólares a cada estado a través de los años.

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jueves, 04 de octubre de 2012 / La Segunda / Marjory Miranda O..

Un nuevo sistema para incentivar el buen trato a los pacientes de consultorios y hospitales planea implementar a partir de diciembre próximo el Ministerio de Salud.

Se trata de un bono, que puede llegar a un máximo de $150 mil anuales para cada funcionario beneficiado, de acuerdo a una evaluación realizada por los propios usuarios a través de encuestas hechas vía telefónica o informática.

Así lo dio a conocer el ministro de Salud, Jaime Mañalich, a "La Segunda", quien indicó que la iniciativa -debido al financiamiento requerido- está actualmente en la Secretaría General de la Presidencia y luego ingresará a trámite en el Congreso.

La idea es que sea entregado por primera vez en diciembre próximo. Según la autoridad, ello debiera ser posible porque la iniciativa fue consensuada con los gremios de la Salud y por lo tanto debiera tener buena recepción en el Congreso.

Los fondos para entregar este bono estarán contemplados en los presupuestos futuros (incluido 2013), como parte de las mejoras en la atención hospitalaria y primaria.

Monto será variable.

El incentivo será variable, dependiendo del porcentaje de evaluaciones positivas. Si el hospital o consultorio recibe el puntaje máximo contemplado, sus trabajadores tendrán todo el bono (que inicialmente se estima podría ser de entre $100.000 a $150.000 para cada funcionario, por una vez). Los montos irán decreciendo de acuerdo al grado de satisfacción de los usuarios.

Los mecanismos para calcular los tramos y bonos están siendo analizados en el ministerio junto a académicos externos. Eso sí, de entregarse ya en diciembre próximo, el incentivo será igual para todos los "premiados". La encuesta en este caso -y de ingresar el proyecto a la brevedad- se realizaría en noviembre.

Luego de la atención o de la hospitalización se le entregará una clave al usuario para que responda voluntariamente una encuesta, por teléfono o internet, donde deberá contestar preguntas tan simples como si el trabajador se identificó, tomó la hora médica que corresponde o si hubo respeto en el trato.

Uno de los requisitos esenciales será que en el caso estudiado un porcentaje muy amplio de los pacientes haya contestado el sondeo.

El universo de potenciales beneficiarios serán los 52 mil funcionarios de la atención hospitalaria y 44 mil que trabajan en la atención primaria en todo el país.

El ministro explicó el bono indicando que "las leyes de la reforma están estructuradas en un principio moral que es que la dignidad de la persona y el trato equilibrado y justo que se le debe dar. La ley establece sanciones, denuncias y formas de conducta, pero nosotros estamos convencidos de que ese objetivo no es suficiente si no va de la mano con el reconocimiento o estímulo para quienes se comporten en forma adecuada respecto a este respeto a los derechos de los usuarios".

La OIT ha adoptado más de 40 normas que tratan específicamente de la seguridad y la salud en el trabajo, así como más de 40 repertorios de recomendaciones prácticas. Cerca de la mitad de los instrumentos de la OIT tratan directa o indirectamente de cuestiones relativas a la seguridad y a la salud en el trabajo.

Principios Fundamentales sobre seguridad y salud en el trabajo.

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - [ratificaciones] y su Protocolo de 2002 - [ratificaciones] El convenio prevé la adopción de una política nacional coherente sobre seguridad y salud en el trabajo, y acciones de los gobiernos y dentro de las empresas, para promover la seguridad y la salud en el trabajo, y mejorar las condiciones de trabajo. Esta política deberá ser desarrollada tomando en consideración las condiciones y las prácticas nacionales. El Protocolo exige el establecimiento y la revisión periódica de los requisitos y procedimientos para el registro y la notificación de los accidentes y las enfermedades en el trabajo, así como la publicación de las estadísticas anuales conexas. Convenio sobre los servicios de salud en el tr abajo, 1985 (núm. 161) - [ratificaciones] Este convenio prevé el establecimiento de servicios de salud en el ámbito de la empresa, a quienes se asignan funciones esencialmente preventivas y que son responsables de aconsejar al empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la empresa acerca del mantenimiento de un ambiente de trabajo seguro y saludable. Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) - [ratificaciones] Este Convenio tiene por objeto promover una cultura de prevención en materia de seguridad y salud con vistas al logro progresivo de un medio de trabajo seguro y saludable. Exige que los Estados ratificantes desarrollen, en consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativas, políticas, sistemas y programas nacionales de seguridad y salud en el trabajo. La política nacional debe elaborarse conforme a los principios establecidos en el artículo 4 del Convenio núm. 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores, 1951. A su vez, los sistemas y programas nacionales deben ser concebidos teniendo en cuenta los principios contemplados en los instrumentos pertinentes de la OIT, cuya lista figura en el anexo de la Recomendación núm. 197 sobre el marco promocional para la seguridad y la salud en el trabajo, 2006. Los sistemas nacionales deben suministrar la infraestructura necesaria para la implementación de políticas y programas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, lo cual incluye la legislación, las autoridades o los órganos adecuados, los mecanismos de control, tales como sistemas de inspección y acuerdos a nivel de la empresa. Los programas nacionales deben incluir medidas de promoción de la seguridad y la salud en el trabajo con plazos vinculantes que permitan evaluar los progresos logrados. Otros instrumentos pertinentes.

Salud y seguridad en algunas ramas de la actividad económica.

Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120) - [ratificaciones] Este instrumento tiene el objetivo de preservar la salud y el bienestar de los trabajadores empleados en establecimientos comerciales, establecimientos, instituciones y servicios administrativos en los cuales los trabajadores estén contratados, sobre todo para trabajos de oficina y otros servicios relacionados, a través de medidas de higiene elementales, respondiendo a los requisitos de bienestar en el lugar de trabajo. Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 (núm. 152) - [ratificaciones] Véase en la sección relativa a los trabajadores portuarios. Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167) - [ratificaciones] El convenio dispone medidas técnicas detalladas de prevención y protección, teniéndose debidamente en cuenta los requisitos específicos de este sector. Estas medidas se relacionan con la seguridad en los lugares de trabajo, con las máquinas y los equipos utilizados, con el trabajo llevado a cabo en las alturas y con el trabajo realizado en aire comprimido. Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) - [ratificaciones] Este instrumento regula los diversos aspectos de la seguridad y la salud del trabajo en las minas, incluyendo la inspección, las herramientas especiales de trabajo y el equipo especial de protección de los trabajadores. También prescribe los requisitos relativos al rescate en las minas. Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184) - [ratificaciones] El Convenio tiene el objetivo de prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo agrícola o forestal. Con este fin, el Convenio incluye medidas relativas a la seguridad de la maquinaria y a la ergonomía, al manejo y transporte de materiales, a la gestión racional de los productos químicos, al manejo de animales, a la protección contra los riesgos biológicos, y a los servicios de bienestar y alojamiento.

Protección contra riesgos específicos.

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (nú m. 115) - [ratificaciones] El objetivodel Convenio es establecer requisitos básicos para proteger a los trabajadores contra los riesgos asociados con la exposición a radiaciones ionizantes. Las medidas de protección que han de tomarse, incluyen: el límite a la exposición del trabajador a las radiaciones ionizantes al nivel práctico más bajo, siguiendo los conocimientos técnicos disponibles en ese momento, y evitándose toda exposición innecesaria, así como el control del lugar de trabajo y de la salud de los trabajadores. El Convenio se refiere asimismo a los requisitos relativos a las situaciones de emergencia que pudieran presentarse. Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) - [ratificaciones] Este instrumento esta dirigido al establecimiento de un mecanismo para la instauración de una política destinada a prevenir los riesgos del cáncer profesional ocasionado por la exposición, generalmente durante un período prolongado, a diversos tipos de agentes químicos y físicos presentes en el lugar de trabajo. Con tal finalidad, los Estados se encuentran obligados a determinar periódicamente las sustancias y los agentes cancerígenos cuya exposición profesional deberá prohibirse o regularse, no escatimar esfuerzos de cara a sustituir estas sustancias y estos agentes por aquellos no cancerígenos o menos cancerígenos, para prescribir medidas de protección y supervisión, así como prescribir los exámenes médicos necesarios a los trabajadores expuestos. Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148) - [ratificaciones] El Convenio establece que, en la medida de lo posible, el ambiente de trabajo deberá estar libre de todo peligro debido a la contaminación del aire, al ruido o a las vibraciones. Para conseguir esto, deberán aplicarse, a las empresas o a los procesos, medidas técnicas, y cuando esto no fuera posible, en su lugar deberán adoptarse medidas complementarias respecto de la organización del trabajo. Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - [ratificaciones] Apunta a prevenir los efectos perjudiciales para la salud de los trabajadores de la exposición al asbesto, indicando métodos razonables y factibles, y técnicas para reducir al mínimo la exposición al asbesto en el trabajo. Con miras a alcanzar este objetivo, el Convenio enumera algunas medidas detalladas que se basan esencialmente en la prevención y el control de riesgos de la salud ocasionados por la exposición laboral al asbesto, y en la protección de los trabajadores contra tales riesgos. Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170) - [ratificaciones] El Convenio establece la adopción y la aplicación de una política coherente en materia de seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo, que incluyen la producción, la manipulación, el almacenamiento y el transporte de productos químicos, así como la eliminación y el tratamiento de los deshechos de productos químicos, la emisión de productos químicos resultante del trabajo y el mantenimiento, la reparación y la limpieza del equipo y de los recipientes utilizados para los productos químicos. Además, asigna responsabilidades específicas a los Estados proveedores y exportadores.

Repertorios de recomendaciones prácticas.

Los repertorios de recomendaciones prácticas de la OIT establecen directrices prácticas para las autoridades públicas, los empleadores, los trabajadores, las empresas, y los organismos especializados de protección de la seguridad y la salud en el trabajo (como los comités de seguridad de las empresas). No son instrumentos legalmente vinculantes y no apuntan a sustituir a las disposiciones de la legislación nacional; tampoco a las normas aceptadas. Los repertorios de recomendaciones prácticas aportan directrices sobre la seguridad y la salud en el trabajo en algunos sectores económicos (por ejemplo, la construcción, las minas a cielo abierto, las minas de carbón, las industrias del hierro y del acero, las industrias de metales no ferrosos, la agricultura, la construcción y la reparación de buques, y la industria forestal), sobre la protección de los trabajadores contra determinados peligros (por ejemplo, radiaciones, rayos láser, unidades de presentación visual, productos químicos, asbesto, sustancias en suspensión en el aire) y sobre algunas medidas de seguridad y salud (por ejemplo, sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, directrices éticas para el control de la salud de los trabajadores, registro y notificación de los accidentes y enfermedades del trabajo, protección de los datos personales de los trabajadores, seguridad, salud, y condiciones del trabajo en la transferencia de tecnología a los países en desarrollo.)

Cuidando tu Salud.

Expertos coinciden en que el etiquetado con octágonos es más claro y entendible.

El reglamento de la Ley de Alimentación Saludable de Niños y Adolescentes fue aprobado en mayo. Usará el sistema de octágonos que indicarán cuando un producto contiene mucha sal o grasas.

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While most of these vaccines are created with dendritic cells, a class of antigen-presenting cells with broad functionality in the immune system, the researchers demonstrate in a study published in Scientific Reports that B cells can be engineered to serve as an alternative.

"We wanted to remove an important barrier in using B cells as an antigen-presenting cell population, helping them complement or replace dendritic cells,"says Gregory Szeto, a postdoc at MIT's Koch Institute for Integrative Cancer Research and the papers lead author.

Darrell Irvine, a member of the Koch Institute and a professor of biological engineering and of materials sciences and engineering, is the paper’s senior author.

As cells pass through the CellSqueeze device at high speed, narrowing microfluidic channels apply a squeeze that opens small, temporary holes in the cells’ membranes. As a result, large molecules — antigens, in the case of this study — can enter before the membrane reseals. Courtesy of SQZ Biotech.

A new vaccine-preparation approach.

Dendritic cells are the most naturally versatile antigen-presenting cells. In the body, they continuously sample antigens from potential invaders, which they process and present on their cell surface. The cells then migrate to the spleen or the lymph nodes, where they prime T cells to mount an attack against cells that are cancerous or infected, targeting the specific antigens that are ingested and presented.

Despite their critical role in the immune system, dendritic cells have drawbacks when used for cell-based vaccines: They have a short lifespan, they do not divide when activated, and they are relatively sparse in the bloodstream.

B cells are also antigen-presenting cells, but in contrast to dendritic cells, they can proliferate when activated and are abundant in the bloodstream. However, their functionality is more limited: Whereas dendritic cells constantly sample antigens they encounter, a B cell is genetically programmed only to bind to a specific antigen that matches the receptor on its surface. As such, a B cell generally will not ingest and display an antigen if it does not match its receptor.

Using a microfluidic device, MIT researchers were able to overcome this genetically programmed barrier to antigen uptake — by squeezing the B cells.

Through "CellSqueeze,"the device platform originally developed at MIT, the researchers pass a suspension of B cells and target antigen through tiny, parallel channels etched on a chip. A positive-pressure system moves the suspension through these channels, which gradually narrow, applying a gentle pressure to the B cells. This "squeeze" opens small, temporary holes in their membranes, allowing the target antigen to enter by diffusion.

This process effectively loads the cells with antigens to prime a response of CD8 — or "killer" — T cells, which can then kill cancer cells or other target cells.

The researchers studied the squeezed B cells in culture and found that they could expand antigen-specific T cells at least as well as existing methods using antibody-coated beads. As proof of concept, the researchers then transferred squeezed B cells and antigen-specific T cells into mice, observing that the squeezed B cells could expand T cells in the spleen and in lymph nodes.

The researchers also say that this is the first method that decouples antigen delivery from B-cell activation. A B cell becomes activated when ingesting its antigen or when encountering a foreign stimulus that forces it to ingest nearby antigen. This activation causes B cells to carry out very specific functions, which has limited options for B-cell-based vaccine programming. Using CellSqueeze circumvents this problem, and by being able to separately configure delivery and activation, researchers have greater control over vaccine design.