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En los brazos del Fondo Monetario Internacional.

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Martes, 01 Mayo 2018.

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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) Av. Dr. Héctor Homero Hérnandez, Esq. Av. Tiradentes, Ens. La Fe Santo Domingo, R.D. 10514 Tel: (809) 541-3121 Email: Info@ministeriodesalud.gob.do.

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Homicidio por seguro. Dina Abdelhaq asfixió a Tara, su hija de siete semanas, para cobrar $200,000 por su seguro de vida y poder así alimentar su vicio del juego en 1995. La residente de Illinois, hundida en deudas por jugar en los casinos flotantes, estaba sin empleo y recibía beneficios sociales. Tara murió en su cuna sólo dos semanas después de que Abdelhap sacó el seguro de vida a nombre de ella. Abdelhaq recibió una sentencia de 21 años de prisión por fraude de seguro en 2000.

Fraude por compañía de seguro. Miles de inversores, muchos de ellos personas jubiladas que quedaron casi sin un centavo, fueron destruidos financieramente cuando en 1995 cerró la compañía National Heritage Life Insurance, luego que personas de la organización cometieron una estafa de $450 millones. Ellos llevaban un estilo de vida lujoso mientras que los jubilados que habían invertido en la compañía perdieron los ahorros de toda la vida. Cuatro de los actores principales fueron declarados culpables en 1999 y se presentaron cargos contra docenas de personas más en la mayor quiebra sufrida por una compañía de seguro a causa de un fraude.

Seguro de propiedad. Irwin Bransky, distribuidor de programación de computadoras de California, tenía mucha mercadería inservible. Por eso cuando en 1994 ocurrió el terremoto de Northridge en California, Bransky les ordenó a sus empleados que saltaran sobre los paquetes de programas y que los doblaran con las manos para aumentar la reclamación del seguro. Bransky presentó una reclamación $5 millones y la compañía de seguro pagó $840,000 antes de que un empleado diera la alarma. Bransky recibió 51 meses de prisión en 1998.

Defensas.

Las compañías de seguro responden.

Equipos antifraude. La mayoría de las compañías de seguro ha hecho una prioridad de la lucha contra el fraude y en los últimos años ha más que triplicado los gastos con dicho fin. La mayoría de las compañías de seguro ha creado unidades especiales antifraude, compuestas, por lo general, por ex detectives y agentes de policía. Educación del consumidor. Muchas compañías de seguro educan activamente al consumidor sobre la forma de detectar y protegerse contra el fraude; y con frecuencia patrocinan líneas directas antifraude que reciben las llamadas de denuncias. Capacitación del empleado. La mayoría de los aseguradores capacita a los empleados y alerta a los agentes de seguro sobre cómo detectar fraudes. Rastreo de estafadores. Las compañías de seguro patrocinan también al National Insurance Crime Bureau (NICB), que se ocupa de reunir datos sobre sospechas de fraude y entregar la información a la fiscalía. De esa forma, está aumentando los fallos de culpabilidad por fraude. La NICB también provee una línea directa de fraude para el consumidor.

Aumento de presión por los estados.

Más agencias antifraude. Los reguladores estatales contra el fraude han creado 37 agencias antifraude en 45 estados dedicadas a investigar y rastrear al fraude. Investigación a fondo de las empresas. Los reguladores estatales han creado una ley modelo que dificulta la creación de empresas ficticias por estafadores. Muchos estados también están investigando detenidamente el estado financiero de las compañías de seguro y sus prácticas comerciales. Leyes más fuertes contra el fraude. Durante la década del 90, las medidas enérgicas tomadas lograron descubrir más fraude que nadie supo que existía. La Coalition Against Insurance Fraud, para que los fiscales tuvieran más armas legales con las que obtener fallos de culpabilidad contra los malhechores, creó un modelo de ley estatal estricto contra el fraude. Casi 15 estados han adoptado o mejorado sus leyes sobre fraude de seguro en base al modelo de la coalición. Entre otras disposiciones, este modelo:

- Crea agencias estatales antifraude que ayudan a perseguir a los estafadores y reunir pruebas firmes en su contra. Muchas de estas agencias tienen también el poder de citar comparecencia y multar a los delincuentes.

- Requiere que las compañías de seguro elaboren planes de prevención y detección del fraude.

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La noción de un paquete de servicios de salud, además de servir de herramienta para la definición de prioridades desde el punto de vista de la rectoría, es un medio para empoderar a las personas al hacer explícitos sus derechos. De igual modo, es un instrumento clave de planeación para orientar a los prestadores de servicios y una guía para la acreditación, puesto que define los servicios de salud que cada prestador debe ofrecer ahora y en el futuro. En otras palabras, la definición del paquete y la organización del proceso de acreditación de los prestadores en torno a él generan las condiciones para que el sistema realmente proporcione las intervenciones específicas que, de acuerdo con las evidencias disponibles, producen los mayores beneficios de salud dado un determinado nivel de recursos.

Avances y retos futuros.

La reforma está produciendo resultados positivos: el monto de los recursos públicos dedicados a la salud ha aumentado significativamente; se espera que el número de familias aseguradas llegue a 5.1 millones para fines de 2006, de acuerdo con el mandato legal de afiliar cada año a 14% de la población no asegurada, y el conjunto de servicios médicos a los que cada familia con cobertura tiene acceso se ha ampliado de manera considerable.

Evolución de los desequilibrios financieros.

El gasto total en salud en México, expresado como porcentaje del PIB, creció de 6.2% en 2002 a 6.5% en 2006 (cuadro III). De hecho, entre 2001 y 2006 el presupuesto de la SS aumentó 69% en términos reales. La mayor parte de este aumento es consecuencia directa de la movilización de recursos públicos adicionales vinculados con la reforma. Sobre esta base se espera que el gasto público en salud siga aumentando a un ritmo mayor que el gasto privado. Así, se espera que para 2010 el sistema mexicano de salud esté financiado, en su mayor parte, con fondos públicos. Esto se basa en los resultados presentados por Knaul y colaboradores en esta serie, que muestran la constante reducción de los gastos catastróficos y empobrecedores en salud desde la crisis económica de 1994-1996. 13 Aun cuando parte de esta mejoría se atribuye a la recuperación económica y al combate a la pobreza por medio de programas sociales como Oportunidades, existe evidencia descriptiva sustancial que sugiere que también se asocia con la expansión del Seguro Popular y las inversiones concomitantes para fortalecer la prestación de servicios. 1.

El aumento del financiamiento público también está cerrando la brecha en términos de las asignaciones per cápita entre la población sin seguridad social (incluidos los afiliados al Seguro Popular) y la población cubierta por la seguridad social. En el periodo 2002-2006 la relación entre el gasto público per cápita entre ambos grupos disminuyó de 2.3 a 2.0 y continuará declinando con la expansión legislada del Seguro Popular.

Las inequidades en la distribución de los recursos públicos entre los estados también se han reducido. En los últimos cuatro años la diferencia en las asignaciones federales per cápita entre el estado que recibió la mayor asignación y el que recibió la menor disminuyó de 5 a 4 veces. En el mismo periodo, la desigualdad en las contribuciones estatales para financiar la salud también disminuyó, como lo muestra el coeficiente de variación, que se redujo ligeramente, de 1.14 en 2002 a 1.11. Finalmente, la proporción de recursos públicos asignados a la inversión en infraestructura se incrementó.

Este nuevo escenario financiero ha hecho posible aumentar la cobertura del Seguro Popular en dos dimensiones: horizontal y vertical. La primera se relaciona con el número de familias afiliadas; la segunda se refiere a los beneficios que cubre (figura 2). Estos últimos se analizan en González-Pier y colaboradores en esta serie. 9.

La cobertura horizontal se está expandiendo mediante la aplicación de criterios para promover la equidad y la justicia, ya que la afiliación se inició entre los grupos más pobres de la población y se está extendiendo gradualmente hacia los de mayores ingresos. La ley define el plan de cobertura horizontal. Para 2010, 100% de la población actualmente no asegurada (12 millones de familias) deberá estar afiliada. Por lo tanto, aproximadamente 1.7 millones de familias adicionales deben ser cubiertas cada año. Entre 2001 y 2003, antes de la reforma legal, el Seguro Popular operaba como un programa piloto que afilió a 614 000 familias. Desde entonces, la expansión de la cobertura se ha dado según lo programado y para septiembre de 2006 se habrán afiliado cuatro millones de familias –el equivalente a casi 15 millones de personas–. Esto significa que el Seguro Popular ya es el segundo seguro de salud más grande del país. La mayoría de las familias afiliadas pertenecen a los dos deciles de ingresos más bajos y, en consecuencia, no se les exige el pago de una contribución familiar.

La expansión geográfica se ha dado en función del momento en que cada estado introdujo el nuevo sistema, la rapidez con que cada estado ha podido cubrir a los determinados grupos poblacionales y la disponibilidad de recursos adicionales. Desde principios de 2005 los 32 estados de México participan en el Seguro Popular. En términos de progresividad, en el año 2000 sólo 7% de las familias del quintil más pobre estaban aseguradas (primordialmente a través del IMSS o ISSSTE). Para 2004 esta cifra había aumentado a 37% a medida que las familias de este grupo se afiliaron al Seguro Popular. 1,26.

La cobertura vertical se está ampliando con base en prioridades explícitas en materia de intervenciones, como se indicó anteriormente. Los servicios actualmente cubiertos representan una expansión significativa respecto a la situación previa a la reforma y un avance constante a partir de 2003. Actualmente, el paquete de servicios esenciales cubre aproximadamente 95% de todas las causas de hospitalización, y 17 intervenciones de alta complejidad son cubiertas a través del FPGC. Este último también prevé un esquema especial de cobertura universal acelerada para problemas de alta prioridad considerados como las principales causas de gasto catastrófico para las familias previamente no aseguradas, incluyendo terapia integral de SIDA, tratamiento de cánceres infantiles, tratamiento de cáncer cervicouterino en todas sus fases y extracción de cataratas. Mediante el esquema de cobertura acelerada, toda persona no asegurada que requiera de los servicios cubiertos es susceptible de afiliación inmediata al Seguro Popular. Las intervenciones cubiertas a través de los esquemas gradual y acelerado se ampliarán continuamente a medida que los recursos aumenten conforme se incremente el número de familias afiliadas.

Aunque la reforma ha logrado avances, aún persisten varios retos. En primer lugar, se requieren recursos públicos adicionales tanto para continuar remplazando el gasto del bolsillo, como para satisfacer la costosa demanda asociada con la transición epidemiológica, especialmente de intervenciones hospitalarias de alta complejidad. Esto comenzará a cerrar la brecha entre México y otros países de la OCDE y la región latinoamericana, en los cuales una mayor proporción del gasto en salud se financia con recursos públicos. 6 Aunque algunos recursos serán liberados con el aumento de la eficiencia resultado de los incentivos integrados en la reforma, el monto absoluto y la proporción del PIB dedicada a salud proveniente de recursos públicos debe aumentar para que el sistema de salud responda efectivamente a las demandas de la población, alcance la cobertura universal del aseguramiento en salud, y expanda el número de intervenciones a las que tienen derecho las familias afiliadas. También será necesario continuar mejorando la distribución de los recursos públicos entre poblaciones y estados, y garantizar un compromiso presupuestal sostenido por parte de las autoridades locales. Otro reto en materia financiera será alcanzar el equilibrio correcto entre las inversiones adicionales en promoción de la salud y prevención de enfermedades, por un lado, y en servicios personales de salud, por el otro.

Además de una mayor cantidad de recursos, la persistente fragmentación institucional todavía representa un reto para promover una estructura general de financiamiento del sistema mexicano de salud más equitativa. Desde esta perspectiva, se requieren nuevos pasos que promuevan la integración de las fuentes públicas de financiamiento a través de los esquemas de protección social existentes, con el fin de garantizar una mancomunación adecuada de los riesgos en el ámbito nacional, especialmente para la atención altamente especializada de tercer nivel.

Aumentar la orientación al cliente y la capacidad de respuesta del sistema de salud constituyen un tercer reto, especialmente considerando las crecientes expectativas, tanto de pacientes como de prestadores de servicios, generadas por el proceso de democratización del país y por la reforma misma. Para reafiliarse al Seguro Popular y estar dispuestos a hacer una contribución financiera anticipada, los ciudadanos deben sentir mayor confianza en los servicios públicos, y esto sólo puede lograrse si el sistema de salud es capaz de satisfacer efectivamente sus necesidades de salud. Para lograr esta meta es necesario seguir mejorando las siguientes áreas: la calidad técnica de la atención, la disponibilidad de medicamentos, la capacidad de elección del prestador de atención médica, el acceso a la atención durante las noches y fines de semana, y los tiempos de espera tanto para la atención ambulatoria y de emergencia, como para las intervenciones electivas.

Otro reto es desarrollar un ambiente más competitivo entre los prestadores de servicios. Muy probablemente los intereses creados relacionados con el poder monopólico en la prestación de servicios de salud dentro del sector público se verán amenazados con la nueva ley, la cual incrementa la capacidad de elección de los pacientes. Sin embargo, en el largo plazo este ambiente competitivo ayudará a alcanzar el equilibrio correcto entre calidad y eficiencia.

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Noticias de salud.

por: Julio Cesar Martínez Gandarillas.

ObamaCare la Cobertura Esencial Mínima.

Solo ciertos tipos de seguros médicos mayores le protegerán de la cuota de responsabilidad compartida de la Ley Individual (la cuota por no tener cobertura). Este tipo de cobertura se llama Cobertura Esencial Mínima.

Todos los seguros adquiridos en el Mercado de Seguros, los principales planes médicos fuera del Mercado de Seguros, Medicare partes A y C, Medicaid y CHIP, y la mayoría de los planes patrocinados por los empleadores se consideran Cobertura Esencial Mínima.

La mayoría de los seguros privados individuales y familiares vendidos fuera del Registro Abierto (como los seguros médicos de corto plazo) no se consideran Cobertura Esencial Mínima,y no le protegerán de la cuota.

Asistencia Financiera de ObamaCare.

Hay tres formas de ahorrar dinero en su seguro médico a través de los Mercados de Seguros de ObamaCare: primero, créditos fiscales adelantados sobre las primas, los cuales disminuyen el costo de su prima mensual; segundo, los subsidios para la Reducción de Costos Compartidos, los cuales reducen los costos de pagos de copa gos, coaseguros, deducibles, y pagos máximos; y finalmente, Medicaid, que hace ambos. Conozca más acerca de la Asistencia financiera de ObamaCare.

La asistencia financiera solo se ofrece a través del Mercado de Seguros de su estado, aunque algunos Agentes de Seguros privados y otros proveedores trabajan con los mercados de seguros para ayudarle a obtener los subsidios.

Los Americanos que ganan menos de $45,960 individualmente o $94,200 como familia de 4 pueden ser elegibles para seguros médicos gratuitos o de bajo costo debido a los subsidios de ayuda financiera como son los créditos fiscales que reducen el costo de la prima, y los subsidios de costos compartidos en copagos, coaseguros y deducibles.

Los subsidios de Reducción Compartida de Costos (CSR)solo están disponibles para los planes Plata. Los Créditos Fiscales se pueden aplicar anticipadamente (ya sea parcialmente o por completo) para disminuir las primas o pueden ser ajustados en sus impuestos federales sobre ingresos. Si su ingreso cambia, repórtelo para que el Mercado de Seguros pueda ajustar sus subsidios. Usted podría calificar para créditos mayores si su salario disminuye y se salvará de potenciales devoluciones de créditos fiscales adelantados. Asegúrese de que la asistencia financiera que recibe es correcta, y si hay duda, ponga su objetivo a la baja. Usted no tiene que pagar los subsidios de Reducción de Costos Compartidos o Medicaid, pero podría acabar debiendo Créditos Fiscales Avanzados sobre la Prima hasta el nivel de su ingreso al presentar su declaración de impuestos. Vea la Forma de Créditos Fiscales utilizada para devolver Créditos Fiscales para tener mayores detalles en cuanto a declaraciones y límites. org estimó que 3.5 millones de personas calificaron para cerca de $ 2,890 en subsidios sobre primas por persona en el 2014. El CBO estima que el subsidio promedio en el 2015 será de $3,900.

MAGI y FPL.

El costo de asistencia está basado en el Ajuste del Ingreso Bruto Modificado (MAGI por sus siglas en inglés). Esto significa que está basado en su ingreso después de la mayoría de las deducciones. Una vez que conoce su MAGI puede utilizar los Lineamientos Federales de Niveles de Pobreza (FPL por sus siglas en inglés) para determinar el monto de su asistencia financiera.

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